El fiscal a cargo del caso denominado Golpe de Estado I, Omar Mejillones, manifestó que no existen garantías de seguridad para ejecutar un posible traslado de Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro (La Paz) hasta la capital cruceña.

La recomendación de traslado fue emitida por un juez con el objetivo de que Camacho participe de manera presencial en el juicio oral del caso Decretazo, programado para el próximo 25 de julio.

“No hemos sido parte de esa acción de libertad. Seguramente, si corresponde, nos harán conocer nuestros antecedentes, pero a criterio de este proceso (Golpe I), considero que es riesgoso que pueda trasladárselo a la ciudad de Santa Cruz por el mismo contexto que ha ocurrido al momento de su aprehensión”, afirmó Mejillones.

Hasta la fecha, desde la Dirección General de Régimen Penitenciario no se emitió un pronunciamiento oficial respecto al cumplimiento o no de la orden judicial.

Por su parte, la Procuraduría aclaró que lo dispuesto por el juez en una reciente audiencia fue solo una recomendación administrativa y no así una orden judicial como argumenta la defensa legal de Camacho.

El ‘caso Decretazo’ tiene que ver con el proceso judicial gira en torno al Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de que asuma el cargo de forma interina el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Por esa decisión, Camacho es investigado por la denuncia de comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Luis Fernando Camacho ya permanece en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022, imputado por su presunta participación en los hechos investigados dentro del caso Golpe de Estado I.