Juez ordena detención de Arturo Murillo en San Pedro; Procuraduría apela y exige traslado a Chonchocoro
La decisión fue asumida tras la audiencia realizada en la ciudad de La Paz, luego del retorno de Murillo a territorio boliviano, tras ser deportado desde Estados Unidos el pasado jueves.

El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz determinó este sábado la detención preventiva por seis meses del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en el penal de San Pedro, en el marco del proceso penal por el caso denominado “Gases Brasil”.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que la Procuraduría presentó una apelación contra la resolución judicial, solicitando que Murillo sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en atención a los riesgos procesales que representa.
“Va a ser trasladado al penal de San Pedro. Nosotros hemos apelado, estábamos pidiendo Chonchocoro, al igual que el Ministerio Público; sin embargo, el tribunal ha tomado otra decisión”, afirmó Condori en contacto con los medios.
La decisión fue asumida tras la audiencia realizada en la ciudad de La Paz, luego del retorno de Murillo a territorio boliviano, tras ser deportado desde Estados Unidos el pasado jueves.
Murillo fue uno de los principales operadores políticos durante el Gobierno de Jeanine Áñez. En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al Estado boliviano.
El caso, conocido como “Gases Brasil”, está relacionado con la adquisición con sobreprecio de agentes químicos por $us 5,6 millones, realizada a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.
Las investigaciones determinaron un sobreprecio de $us 2,3 millones, cuyos fondos fueron transferidos al sistema financiero estadounidense, lo que activó las alertas internacionales y derivó en su captura y proceso penal en el extranjero.
La Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público sostienen que Murillo representa un riesgo para el proceso judicial y que su reclusión en un penal de mayor seguridad es necesaria para garantizar el desarrollo del juicio.
Cabe recordar que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que son 15 los procesos contra Murillo. 10 se encuentran en juicio oral, es decir, con acusación formal; 2 en etapa preparatoria con imputación formal que debe resolver un juez cautelar; y 3 en etapa preliminar, donde los fiscales decidirán emitir o no la imputación formal.