Política

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, explicó que las acciones son de diversa índole: amparos constitucionales, acciones populares, de cumplimiento y de libertad. Algunas apuntan directamente al TSE, otras lo involucran como tercer interesado, así como también se enfocan en anular la sigla de organizaciones políticas que forman parte del proceso electoral.

La vigilia se cumple en la zona de Río Seco de Santa Cruz. Los conductores de camiones cisternas anunciaron que no enviarán unidades para traer combustible del exterior y que la medida es de carácter indefinido.

Según un reporte institucional, ante la creciente especulación por parte de intermediarios y el ocultamiento de productos, Emapa informó que sus tiendas y supermercados experimentan una demanda triplicada de aceite comestible.

La acción es impulsada por los ciudadanos William Vázquez y Jhonny Téllez y piden que se quite la personería jurídica de UN por la comisión de un presunto delito de racismo ocurrido en 2016.

Peter Erlwein Beckhauser, excandidato de la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, se hizo conocido por ser el accionante de diversas denuncias contra organizaciones políticas para que pierdan sus personalidades jurídicas.

La acción popular fue interpuesta por Humberto Vidaurre en contra de los vocales del ente electoral, la que afecta a Morena que tiene como candidata a presidencia a Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y a APB-Súmate que postula a Manfred Reyes Villa.

“¿Qué hubiera sucedido si hubieran permitido que estos recursos se desembolsen? de seguro no tendríamos esta presión por divisas en el país; por lo tanto, consideramos que es urgente e importante que la Asamblea sea parte de esta solución porque es también corresponsable de esta situación”, afirmó el Ministro de Economía.

“Estamos conformes y contentos porque se admitió la acción; ese era nuestro principal objetivo”, afirmó al respecto la máxima dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina.

La posición fue comunicada por el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, el gerente general de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Javier Freyre, y Zulma Chambi, asesora de PIL Bolivia, una de las principales empresas de producción de leche en Bolivia.

La norma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero aún no fue tratada por el Senado, instancia que está bajo el mando de Andrónico Rodríguez.