Política

“Las sentencias del TCP son de cumplimiento obligatorio, eso lo sabemos todos y es a  respetar”, afirmó la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Isidora Jiménez.

El Conamaq convocó a los ayllus, suyos y markas a una constante vigilia y emergencia ante los anuncios de movilizaciones de algunos sectores afines a Evo Morales para generar desestabilización social y política.

Los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, que analizan el pedido de cesación a la detención preventiva del acusado de un triple asesinato, Misael Nallar, denunciaron que fueron “amedrentados” el pasado martes, ante la presencia de “numerosos uniformados y civiles”, quienes presuntamente “tomaron fotografías y preguntaron sus nombres”.

“Es un tema que ya ha quedado resuelto. La declaración constitucional y la sentencia 1010 ha fijado que en el país no puede haber una reelección como la que pretende el señor Morales”, afirmó el ministro de justicia, Iván Lima.

En las últimas horas, Evo Morales decidió "desconocer" algunas de las resoluciones del ampliado que llevó adelante con sus seguidores en Cochabamba. Para el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental lo sucedido es prueba de que “lo que diga Evo no tiene ningún valor”.

"El BCB lamenta las aseveraciones realizadas por Asoban emitidas en su comunicado de fecha 22 de mayo de 2024 respecto a temas inherentes a las atribuciones del Ente Emisor. No obstante a ello, el Banco Central de Bolivia continuará trabajando por la estabilidad económica y financiera del país", señaló el ente emisor a través de un comunicado.

La medida es consecuencia de la decisión del presidente Luis Arce de anular el Decreto Supremo 5143 de modernización de Derechos Reales, para neutralizar un intento de movilización con fines, advirtió, de desestabilización y convulsión social.

A través de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0167/2024 del 30 de abril de 2024, el TSE amplió por 120 días el plazo para que estas organizaciones políticas con presencia nacional, como aquellas departamentales y municipales, renueven sus directivas y adecúen sus estatutos a la Ley 1096.

La acción de cumplimiento fue presentada contra Choquehuanca debido a que los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga de magistrados, no fueron tratados tras haber concluido el tiempo que debían ser considerados en la Cámara de Diputados.

La posición de Asoban llega días después de que la ASFI anunciara que inició 22 procesos sancionatorios contra entidades financieras principalmente por no respetar el tipo de cambio oficial de dólares, además de otros incumplimientos referidos a la tasa de interés, tarifas y comisiones.