Política

Los investigados son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

La política de Estado fue oficializada este jueves por los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, entre otras autoridades, en acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo.

La Acción de Amparo Constitucional presentada por juristas independientes buscaba dejar sin efecto las decisiones del TSE y que sean exonerados de la obligación de transcribir a un formato digital las “1.5 millones de firmas recolectadas” para impulsar un referéndum para reformar la justicia.  

“No sabemos qué pasó en esos momentos y vamos a instruir públicamente a Auditoría (del Ministerio de Gobierno) que, así como hicieron auditorías a la gestión de Arturo Murillo, también se hagan las gestiones correspondientes a gestiones pasadas, tenemos que cuidar los recursos de todo el pueblo boliviano”, afirmó.

La iniciativa se denomina “Ley para garantizar identidad e identidad cultural, la despatriarcalización, la descolonización y la desburocratización” y fue presentada ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Ley permitirá a los bolivianos que se encuentren en una tercera nación acceder a la protección y asistencia de cualquier representación consular de los países del bloque, en caso de que no existiera una legación del Estado Plurinacional.

“Nuestro Proceso de Cambio es patrimonio del pueblo boliviano, no es de ningún partido, ni de nadie, sino del pueblo boliviano que se convocó para recuperar nuestra democracia”, dijo el Vicepresidente en la inauguración del Programa de Formación de Líderes y Lideresas para la Cultura de la Vida en la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

El artículo 281 anteproyecto de ley 305 de Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos es cuestionado por los gremios de la prensa, porque consideran afecta la libertad de expresión.

El actual Ministro de Gobierno afirmó que el actual proceso de compra es distinto al que utilizó Arturo Murillo, sentenciado en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.

A través de un comunicado, la ALP informó que la Sala Constitucional Primera del Beni aceptó una Acción de Amparo Constitucional y emitió una medida cautelar para frenar el proceso de preselección de candidatos judiciales.