Dictan detención domiciliaria para cinco implicados en el caso de intercambio de carga en BoA
El caso fue revelado por el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, y està referido al cambio de 13 cajas con 909 kilos de electrónicos, baterías y otros productos -que estaban destinados de El Alto a Cochabamba, pero su destino final era Cobija y el norte de Brasil- por 13 cajas de galletas de peso similar.

Cinco implicados en el caso de intercambio de carga en Boliviana de Aviación (BoA) recibieron detención domiciliaria y la Fiscalía anunció que apelará la decisión.
El caso fue revelado por el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, y està referido al cambio de 13 cajas con 909 kilos de electrónicos, baterías y otros productos -que estaban destinados de El Alto a Cochabamba, pero su destino final era Cobija y el norte de Brasil- por 13 cajas de galletas de peso similar.
La fiscal Magaly Bustamante explicó que, entre los implicados, está un empresario, el conductor de una furgoneta que habría participado de un intercambio, además de tres funcionarios de la aerolínea.
“El juez de garantías ha dispuesto a aplicar medidas sustitutivas la detención domiciliaria, el arraigo, la presentación ante el registro biométrico”, indicó la fiscal a Erbol.
Detalló que el empresario implicado era el representante legal de la transportadora cuya furgoneta se encontraba en la pista del aeropuerto de El Alto, para el ilícito.
Este proceso se abrió por el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, aunque no sé descarta ampliar por delitos aduaneros y tributarios, indicó la fiscal.
Aduana presenta querella y niega implicación
La Aduana Nacional presentó una querella contra los presuntos responsables de la manipulación de carga en el Aeropuerto Internacional de El Alto en un “vuelo comercial nacional” proveniente del Aeropuerto Internacional Viru Viru, ocurrida el 29 de junio de este año.
De acuerdo con un comunicado de la institución, el proceso fue presentado el 1 de julio y apunta a “personal de BoA” y al “propietario de la carga, por la presunta comisión de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación al contrabando, tipificados y sancionados en los artículos 181 y 181 Decis del Código Tributario Boliviano”.
“Nosotros hemos podido identificar, (en ese hecho irregular) que son personal que participa de BoA del sector de carga; también participa, según lo que vemos en imágenes, un funcionario de la Aduana Nacional”, dijo Pozo en conferencia de prensa.
No obstante, la Aduana Nacional negó que su personal fuera parte de esa operación porque la normativa se lo impide.
“La clasificación de la carga nacional o internacional del vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional Viru Viru, es responsabilidad exclusiva del personal de BoA. Esta actividad se realiza dentro de la zona de seguridad restringida y estéril del aeropuerto, a la que solo tienen acceso personas autorizadas de NAABOL y BoA, de acuerdo con el ‘Reglamento sobre Seguridad de la Aviación Civil – Explotador de Aeropuerto y Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo’ (RAB 107), emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC”, señaló la Aduana.
Precisó que en cumplimiento a esta restricción “el personal de la Aduana Nacional, únicamente supervisa la entrega de la carga internacional efectuada por BoA a la Empresa Concesionaria ALBO S.A., fuera de la zona restringida o estéril”.
En consecuencia, “la carga observada desembarcada”, clasificada como carga nacional por BoA, fue trasladada directamente a sus bodegas, para su posterior retiro del aeropuerto. “Cabe aclarar que, conforme a lo establecido en la Ley General de Aduanas, la Aduana Nacional no ejerce control aduanero sobre la mercancía nacional”, insistió la institución.
Puntualizó que la carga clasificada por BoA como mercancía internacional, fue trasladada y entregada por BoA a la Empresa Concesionaria ALBO S.A. bajo la supervisión de la Aduana Nacional, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
En ese contexto, la Aduana Nacional exhortó a las autoridades competentes a “emitir sus declaraciones con la responsabilidad y rigurosidad que corresponde, cuando se refieren a instituciones públicas que actúan en el marco de la legalidad y en defensa de los intereses del Estado”.