Seguridad

La juez Cinthia Delgadillo ordenó el jueves por la noche una audiencia reservada para impartir en el caso del abogado y empresario William Kushner Dávalos, imputado por la Fiscalía de La Paz por el delito agravado de feminicidio a su pareja Adriana Aramayo y detenido hace más de 24 horas.

Kushner es acusado por la muerte de Andrea Aramayo, quien perdió la vida la madrugada del miércoles en Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

Kushner Dávalos, de 38 años, fue imputado por feminicidio y arriesga una condena a 30 años de presidio sin derecho a indulto.

Christian Alanes, abogado del doctor, anunció que se apelará la decisión debido a que el magistrado no valoró, en su criterio, los argumentos de la defensa porque se esperaba una resolución favorable ante el pedido de la libertad pura y simple.

El imputado llegó esta mañana a celdas judiciales acompañado de un fuerte resguardo policial, luego de permanecer en el hospital Arco Iris por un cuadro cardíaco.

La representante del Ministerio Público es Susana Boyán, fiscal de Materia asignada a la División Homicidios.

En la víspera, familiares de la víctima denunciaron que Kushner cuenta con importantes recursos económicos y abogados para que el caso sea tratado como un “accidente de tránsito y no así como un hecho de feminicidio. 

Bolivia es considerada como un país tránsito de cocaína, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien admite que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hace el secuestro de importantes cantidades de cocaína, y detiene a los implicados, pero no atrapa a los “peces gordos”.

Se determinó que 17 personas sean sometidas a  medidas sustitutivas que les impide portar armas, reunirse entre ellos y participar de bloqueos.

El pasado 10 de agosto, los magistrados del Tribunal del Juicio de Responsabilidades tomaron la decisión promover la acción de inconstitucionalidad concretada, presentada por el acusado Marco Antonio Vasquez y que se basa en el principio jurídico de que, en el marco de la Constitución Política del Estado, todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a ser procesados en doble instancia