Política

“Desde el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia repudiamos enérgicamente estos hechos vandálicos que vulneran los derechos e inmunidades de los diplomáticos venezolanos”, afirmó la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, no orgánica ni reconocida por el Gobierno, a la cabeza de David Mamani, advirtió con "entrar en acciones de convulsión social para que el Gobierno renuncie”.

Morales amenazó el fin de semana con iniciar una “lucha armada” en contra del Gobierno, aunque aseguró esa es decisión de sus bases y no de él o su dirigencia.

Las palabras de la Ministra de la Presidencia se dan después de que el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales reveló este domingo que sus bases hablan de iniciar lucha armada contra el Gobierno “para hacerse respetar”.

El Gobierno de Argentina anunció el levantamiento del alambrado en 200 metros de la frontera en la región de Aguas Blancas, que colinda con la boliviana Bermejo, por donde diariamente miles de ciudadanos cruzan para hacer compras.

El exmandatario anunció que este lunes se llevará a cabo una reunión nacional para “debatir profundamente los caminos a seguir”, considerando que, según él, están obligados a marchar y luchar exigiendo atención a sus demandas sociales.

La provisión de diésel y gasolina está garantizada en Bolivia, por lo que población debe acudir a cargar carburantes a sus vehículos cuando lo requiera y no hacer eco de la desinformación sobre supuesta escasez...

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo este sábado que el Gobierno no acepta el reciente “balance” de la calificadora Fitch Ratings, que bajó de CCC a CCC- la calificación de Bolivia. 

Veliz anunció el inicio de los procesos correspondientes contra la empresa encargada de la impresión de las pruebas, por los perjuicios ocasionados y el incumplimiento de contrato.

El 26 de julio de 2024, durante una visita a la ciudad de El Alto, Morales acusó a Siles, por entonces Procurador General del Estado, de pedir $us 40.000 a 10 militares implicados en el presunto golpe de Estado fallido que encabezó el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el 26 de junio.