Los delitos por los que se los acusa son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales.